¿Qué tenemos un año después de la desaparición (probablemente muerte) de los 43 estudiantes normalistas?

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Un movimiento cívico de indignación, que puede aparecer y desaparecer rápidamente.

Su base son las organizaciones de derechos humanos y sus redes nacionales e internacionales, así como el movimiento estudiantil y urbano.

Una investigación por parte de la Procuraduría Federal de la República (PGR) llena de vicios y silencios… recuerdo cómo mi amiga fue hace un par de años a ver al Procurador y lo que mandó decir para el expediente: «por citatorio». Así se maneja la justicia e investigación en este país: con discrecionalidad y favores.

Una investigación de expertos independientes internacionales que hace recomendaciones a la Procuraduría y es desacreditada por los medios pagados por la #PublicidadOficial (de nuestros impuestos).

La sospecha (que casi hace un año me sorprendió, pero hoy ya hay demasiada evidencia para confirmarlo) que en la región (y probablemente en el país) hay un narco-Estado, donde la delicuencia organizada tiene capturada la presidencia y la policía municipales, la Gobernatura y policías estatales, el Ejército y los autobuses comerciales para distribuir el opio cultivado localmente a Chicago, Estados Unidos.

Al vincularse con organizaciones y movimientos sociales, también su desaparición fue semilla para la indignación y la reivindicación que ya no queremos vivir así.

El asunto es cómo construimos la alternativa política y social para este país.