Este artículo se publicó orignalmente en el diario Reforma
El Día Cero para la Ciudad de México está marcado entre abril y junio 2024, es decir, cuando la Ciudad se quede sin agua, algo que ya vimos en Monterrey recientemente. A pesar de varios segundos pisos y millones invertidos, el intenso tráfico y el escaso transporte público nos cuestan contaminación, accidentes, tiempo y, sobre todo, salud mental.
El acceso a la vivienda, que actualmente es cara, alejada de nuestros centros de trabajo, estudio y ocio, es una demanda, sobre todo de los jóvenes. Los múltiples riesgos del subsuelo y las inundaciones representan costos económicos de vidas y patrimonios difíciles de recuperar.
Por eso, se dice que la mejor política ambiental, de movilidad, vivienda y de riesgos es la política del ordenamiento territorial: los límites y la regulación de la expansión urbana.
Esta semana las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México tomarán la decisión más importante sobre estos temas y sus próximos 15 años: el PGOT (Programa General de Ordenamiento Territorial).
Además, dejarán en manos de las futuras alcaldesas y alcaldes todos los cambios de usos de suelo, alturas y densidades en los Programas de Ordenamiento Territorial de Alcaldías (POTA). Por eso, un sinnúmero plural de organizaciones, colegios de profesionistas, cámaras, líderes vecinales, académicos y especialistas nos hemos pronunciado por que el Pleno del Congreso rechace el PGOT.
Hay dos grandes razones para este rechazo: el procedimiento y el contenido, ambos sostenidos por los intereses políticos de unos cuantos que buscan contar con recursos ilícitos y compra de votos para ganar las siguientes elecciones.
En procedimiento, el PGOT se quiere aprobar sin Instituto de Planeación. Sin que lo creara un titular nombrado con mayoría califica por el Congreso, sin su Consejo Ciudadano y su Directorio Técnico completo. Sin el liderazgo, los datos abiertos, la metodología y, sobre todo, el debate y acuerdos técnicos para sostener un programa con 15 años de vigencia. Con poca capacitación, sin debida consulta a pueblos y barrios originarios, la entonces Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció el fracaso y prometió hace un año que se repondría esta consulta; no cumplió su palabra.
Después de meses de limbo y demandas por Parlamento Abierto, las comisiones responsables, bajo los diputados Victor Hugo Lobo y Ricardo Rubio, no abrieron un espacio para escuchar a expertos en el recinto del Congreso, mientras en otros foros fueron increpados y cancelados por grupos vecinales y pueblos originarios. Las supuestas adecuaciones que han hecho al dictamen representen un par de párrafos, sin que los mapas, los polígonos ni aspectos técnicos —que es lo sustancial en una política de ordenamiento— se hayan mejorado.
En contenido, el proyecto del PGOT representa el peor de los mundos. Por un lado, una ciudad que se expandirá hacia el suelo de conservación. Este suelo será «invadido legalmente», a pesar de que representa el futuro de nuestra vulnerabilidad hídrica (lo que nos acerca o aleja del Dia Cero), para dar infraestructura y equipamiento público, así como reconocer los asentamientos irregulares en el Sur y Poniente, que representan votos. Por el otro, no se promueve una ciudad compacta en lo ya urbanizado, porque no se renovarán servicios e infraestructura, ni aumentará la densidad existente.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil —y el Consejo de Resiliencia, sus cientos horas de trabajo voluntario y observaciones técnicas— y su lugar en la Junta de Gobierno del Instituto de Planeación permanece ignorada.
En medio de ello, la continuidad de los grandes vacíos jurídicos que permiten la discrecionalidad de las autoridades: «si me apoyas, te apoyo».
En su último acto de Gobierno, Claudia Sheinbaum entregó el proyecto de PGOT al Congreso. Martí Batres ha operado para evitar su discusión y promover su inminente aprobación por afirmativa ficta. Probablemente será Clara Brugada quien enfrente sus problemas y conflictos: los amparos, los bloqueos vecinales, la incertidumbre jurídica y su baja inversión, los negocios de usos de suelos dictados por los intercambios entre futuros alcaldes y sus financiadores de campaña.
Aumentarán los problemas de agua, el transporte público insuficiente y que nunca alcanza, los servicios públicos deteriorados, la vivienda escasa, cara y lejana, las contingencias ambientales, la vulnerabilidad a los temblores e inundaciones con incontables pérdidas. Gobernar el territorio y su ordenamiento tienen un costo, pero en un futuro será mucho mayor.
