Este artículo se publicó originalmente en el diario Reforma
Lo aprendido en 2017:
1. El agua y el aire limpio son los recursos naturales más necesarios para la Ciudad de México,
pero su gestión se basa en el corto plazo, sin participación ciudadana y con una enorme corrupción. La naturaleza ha comenzado a cobrar su factura a la Ciudad de haber modificado drásticamente su entorno natural: grietas y fracturas por sobreextracción de agua, escasez e inundaciones; tráfico que nos quita horas valiosas; enfermedades respiratorias y alergias. Son consecuencia de decisiones erróneas durante décadas, que urge cambiar.
2. Una Constitución de avanzada, aprobada por consensos y dinámicas interpartidistas del Constituyente.
En contraste, la Asamblea Legislativa aprobó leyes constitucionales, bajo los cacicazgos locales del Frente por México (PAN-PRD) y las ausencias de Morena. Dictámenes de 5 mil páginas aprobados al vapor, leyes publicadas diferentes de las aprobadas o incongruentes con la nueva Constitución, convocatorias de cuatro horas para los siete Comisionados del Instituto de Transparencia son algunos ejemplos de una larga lista de ilegalidades.
3. La corrupción inmobiliaria mata.
Las muertes de cientos de personas durante el sismo son responsabilidad de DROs “firmones” (firman pero no supervisan la construcción) y autoridades (Delegaciones, SEUVI, INVEA, Tribunal Contencioso y Administrativo) que autorizaron obras nuevas y remodelaciones con irregularidades.
4. El Atlas de Riesgo debería ser público
porque todos tenemos un interés legítimo y jurídico para saber si nuestra vivienda, trabajo o escuela están construidos sobre una falla, suelo frágil, antiguas minas o sufrirá inundaciones.
5. Sabemos desalojar inmuebles,
pero —más allá de resguardar las zonas de desastre— no tenemos protocolos de respuesta inmediata ni sabemos coordinarnos para rescatar vidas de los escombros, proveer insumos para el rescate y movilizar voluntarios.
6. La moda de la Smart City,
las cámaras, las apps y los Laboratorios del Gobierno de la Ciudad no se han traducido en capacidades reales para recolectar datos sistemática y coordinadamente, analizarlos y tomar decisiones con base en evidencia, sea en materia de seguridad pública, protección civil, servicios públicos u ordenamiento territorial. La sociedad civil puede apoyar estos procesos y tiene amplias capacidades técnicas, pero no cuenta con los recursos financieros ni las facultades de un Estado, a quien le corresponden estas tareas.
Nuestros deseos para el 2018:
1. El agua y el aire deben manejarse como un ecosistema,
con visión de largo plazo, construyendo un sistema de transporte público efectivo y un sistema de aguas, ríos, lagos y acuíferos vivos y sanos. Su gestión debe incluir transparencia y participación de distintos actores: sociedad civil, academia, sector privado y gobierno. La Ciudad no sobrevivirá sin agua ni respirando aire envenenado.
2. Diputados locales se conviertan en representantes de la ciudadanía
—sujetos a nuevas reglas para su posible reelección de 12 años en su cargo— y contrapeso del Ejecutivo, debatiendo y responsablemente legislando sobre las nuevas leyes, agendas y designaciones pendientes.
3. Mecanismos coordinados, públicos y abiertos para la autorización y supervisión de obras,
así como la factibilidad real y dotación de servicios públicos, junto con sanciones ejemplares para evitar la corrupción inmobiliaria.
4. Un Atlas de Riesgo y un Sistema de Información de la Ciudad actualizados y públicos.
Serán los insumos del plan a 20 años y de ordenamiento territorial a 15 años, que el futuro Instituto de Planeación deberá crear. Esto requerirá capacidades para sistematizar y empalmar información dispersa entre autoridades, investigadores y también hasta ahora inexistente.
5. Un Memorial Vivo del 19s, que recuerde y prevenga activamente,
con protocolos de atención inmediata, procesos claros y periódicos para revisar la seguridad de inmuebles, con su respectivo mantenimiento, reforzamiento y fondos de financiamiento. Por que a los simulacros, les agreguemos la cultura de protección civil, solidaridad y rescate activo, bajo una coordinación cívica y gubernamental.
